Dr. Saúl Lara Espinoza, Tercera y última de Tres Partes
Coordinador de la Maestría en Juicios Orales del CEUS
(Columna Sustancia sin retórica, Periódico El Debate)
En esta tercera y última parte de la serie, nos referiremos a grandes rasgos, respecto a la reforma tributaria.
Recordamos con nitidez que en el paquete de reformas de 2013, entre otras cosas, se aprobó una nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta –ISR–, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de diciembre de ese año. También se efectuaron importantes cambios a la Ley del Impuesto al Valor Agregado –IVA–; se eliminó el impuesto especial sobre producción y servicios, el Impuesto Empresarial a Tasa Única –IETU– y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo –IDE–. Se realizó una reforma a la Ley Federal de Derechos para la actividad minera. ¿Qué cambios se efectuaron?
Se homologó el Impuesto al Valor Agregado –IVA– del 11% al 16% para la zona fronteriza del país. Respecto a las importaciones temporales, tratándose de pedimentos consolidados, el IVA hoy se paga en el momento en que se presenten dichos pedimentos, y no operación por operación; se estableció un impuesto especial del 8% a los alimentos con alto contenido calórico – “comida chatarra” –, y la aplicación de un peso por cada litro de refresco y bebidas azucaradas.
En dicho paquete de reformas fiscales, el impuesto que mayores cambios tuvo fue el ISR, al establecerse en él en ese tiempo, una tasa del 30% para los que ganaban en ese momento hasta 500 mil pesos al año, de 500 mil a 750 mil el 31%; de 750 mil a un millón el 32%; de 1 a 3 millones el 34%, y más de 3 millones de pesos pagan el 35%.
Por lo que también aumentó el Impuesto Sobre la Renta –ISR–, en la tarifa para personas físicas, dependiendo de sus ingresos; se previó un aumento progresivo, para que hubiese menos deducciones del mismo; en dicho impuesto se limitó el monto máximo de las deducciones personales, imponiéndose un límite a la deducción por inversión en automóviles, así como por su arrendamiento y el consumo en restaurantes; se proyectó una regalía del 7.5% del EBITDA de compañías mineras de extracción y 0.5% de los ingresos del oro y la plata. Los ingresos por regalías se distribuirán 40% al gobierno federal, 30% a los gobiernos estatales y 30% a los gobiernos municipales –locales–.
También se eliminó el régimen de consolidación fiscal. De tal manera las empresas ya no pueden consolidar sus operaciones para efectos del cálculo de impuestos. Antes de la reforma se facilitaba el diferimiento de los gravámenes en caso de que las subsidiarias reportaran pérdidas.
Se estableció el IVA a la comida para mascotas, lo cual implicó, según estimaciones de la Asociación Mexicana de Productores de Alimentos para Mascotas, que entre 250 mil y 500 mil perros serían abandonados, lo que representa un problema de salud pública, pues ya había en el país en la época de la reforma aproximadamente 13 millones de mascotas en situación de calle.
Por otra parte, se introdujo el impuesto sobre distribución de dividendos; se estableció un límite a la exención, respecto a la enajenación de casa habitación; hubo deducción de los vales de despensa sólo cuando se otorgaban a través de monederos electrónicos autorizados por el Sistema de Administración Tributaria –SAT–; se cambió el Régimen de Consolidación Fiscal por uno de Integración; se obligó a los bancos a informar anualmente de los depósitos realizados por sus clientes cuando fueran superiores a 15 mil pesos mensuales.
Por si fuera poco, ahora el SAT tiene supervigilados a los contribuyentes que operan con tarjetas bancarias. De tal manera que el gobierno sabe con exactitud todos sus movimientos. Eso va en contra del espíritu constitucional en materia de protección de datos personales. Eso también cuenta, y cuenta mucho, como dice por ahí un eslogan publicitario del gobierno de la República que hasta en la sopa lo encontramos, porque hay pavor de Enrique Peña Nieto y su grupo de perder el poder. Así de sencillo.
