Dr. Saúl Lara Espinoza
Coordinador de la Maestría en Juicios Orales del CEUS
(Columna Sustancia sin retórica, Periódico El Debate)
Hemos revisado con objetividad y mesura todas las encuestas, así como las redes sociales y aplicado de nuestra parte rigurosos instrumentos técnicos de medición, respecto del nivel de aceptación y/o rechazo de Enrique Peña Nieto, vinculado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con miras a las elecciones presidenciales del 2018, y el resultado global al día 30 de este mes, resultó de la manera siguiente: el 78.29% es de rechazo y solo el 21.61% de aceptación.
De tal manera que si esos porcentajes globales, además, los operamos al día de hoy en función de los números de las elecciones federales y locales suscitadas durante este sexenio, el promedio del conjunto de las ecuaciones aplicadas en prospectiva, se obtiene como resultado que el PRI solo pasaría al tercer lugar en las preferencias electorales, y lo único que lo puede salvar es una eventual alianza con el Partico Acción Nacional (PAN) y el Partico de la Revolución Democrática (PRD), sumándoseles algunos otros partidos chicos que aspiran únicamente a mantener su registro y a obtener una o dos posiciones de representación popular, ya sea en el plano federal o local, para seguir prendidos del presupuesto público.
Aunque esa eventual alianza entre el PRI, PAN y PRD, es muy factible que genere una fractura interna al seno de los mismos; sobre todo de aquellos militantes genuinos o auténticos a sus respectivos ideales, principios y estatutos; especialmente de quienes jamás han sido tomados en cuenta para un cargo de elección popular, o un puesto digno en cualquiera de los tres niveles de gobierno.
Lo anterior a condición de que ello sea una elección limpia; es decir, en la que se respeten las normas electorales, especialmente los principios de legalidad y equidad. Lo que conlleva, además, a que no operen a favor del PRI las instituciones gubernamentales tanto federales como locales; otorgando dádivas a la población más vulnerable del país, como son los que viven en situación de pobreza, y han padecido de hambre toda su vida, para que la mitiguen por un día, aunque la sigan padeciendo durante todo el sexenio que sigue, por los siglos de los siglos.
Allí radica una de las diversas claves y mecanismos para mantener cíclicamente nuestro sistema político y el régimen de partidos. Al menos que se piense ortodoxa o convenencieramente, o por mero interés para mantener los privilegios de que hoy gozan la oligarquía del poder, e incluso la empresarial, en perjuicio de la gran mayoría de los mexicanos.
Existen muchos elementos de peso para llegar a esa tesitura, solo que el espacio que tenemos para llegar a ella en esta colaboración no es suficiente como para entrar y desarrollar los detalles que conocemos de manera suficiente desde diversas dimensiones, dentro de ellas se halla la línea histórica por referir solo una. Basta con señalar que el actual régimen se caracteriza por ser uno de los peores en la historia política de México en muchos sentidos. Tan es así —y lo sabe muy bien el equipo de auténticos asesores del PRI, y no es ningún secreto—, que el actual régimen optará por reformar los estatutos de ese instituto político en su XXII Asamblea Nacional el próximo 12 de agosto, para dar cabida, muy probablemente, a un personaje sin militancia, y generar con ello una ruptura abierta o soterrada como la ocurrida en 1987; la cual dio origen a que en los hechos, en las elecciones de 1988, perdiera Carlos Salinas de Gortari, y triunfara Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano que, para borrar las evidencias fue necesario quemar —en diciembre de 1990— todas las boletas que se resguardaban en el sótano de la Cámara de Diputados, en el edificio de San Lázaro de la hoy Ciudad de México.
