Dr. Saúl Lara Espinoza, Segunda de Tres Partes
Coordinador de la Maestría en Juicios Orales del CEUS
(Columna Sustancia sin retórica, Periódico El Debate)
En la primera parte de esta serie señalamos, entre otras cosas, que el régimen actual pisoteó flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo sus dispositivos emblemáticos, a través de las llamadas reformas estructurales.
En esta segunda nos referiremos a grandes pinceladas, respecto a la reforma petrolera hecha a los artículos 27 y 28 de nuestra Carta Magna, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de diciembre de 2013.
Antes de dicha reforma, nuestra Constitución Federal ordenaba claramente que todos los recursos naturales eran propiedad originaria de la Nación, y no de unos pocos consorcios de intereses nacionales y extranjeros a los que obedeció dicha reforma energética.
Esta se efectuó sin realizar una amplia consulta popular, porque teóricamente todos los mexicanos somos o éramos los auténticos o genuinos dueños de los recursos naturales que se hallaban o hallan en el suelo y subsuelo del territorio nacional, incluidos los que se encuentran o encontraban en los lechos marinos o sus aguas profundas, de conformidad con nuestro derecho interno e internacional.
Por eso, si fuese verdad que en los hechos los energéticos siguen siendo bienes del dominio de la Nación, era elemental dicha consulta a todo el pueblo de México, antes de tomar una decisión de esa naturaleza y tan delicada.
Nos queda muy claro, que la apropiación nacional de los beneficios de esa riqueza, que la sociedad mexicana considera estratégica y sagrada; aunque históricamente ha estado sujeta a presiones externas e internas, sobre todo de los grandes consorcios nacionales y extranjeros, quienes presionaron fuertemente a nuestro país para realizar tal reforma. Y en ello Peña Nieto y su régimen se han caracterizado como vende patria.
Por qué esas fuertes presiones. Simplemente porque México estaba colocado como el quinto productor mundial de petróleo; porque éramos el quinto exportador en el orbe de ese producto natural; porque las reservas mexicanas probadas de hidrocarburos se ubicaban en el 13º lugar mundial; y porque el petróleo mexicano reditúa enormes ganancias. Los ingresos de Pemex así lo demuestran, ya que por ejemplo al año 2012 fueron por 88 mil millones de dólares.
Otra de las razones es que Pemex era una empresa sumamente rentable –pero el mar de corrupción la hundió y lo sigue haciendo–. Tan es así, que aportaba al presupuesto público federal poco más de su tercera parte, ya que en el 2012 entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público poco más de 900 mil millones de pesos. Lo cual significa que por cada barril crudo vendido, dicha secretaría se quedaba con casi el 69%.
Al mismo año 2012, la producción de petróleo crudo por parte de Pemex promedió 2 millones 548 mil barriles por día. El precio promedio de la mezcla mexicana de exportación fue de 101.81 dólares por barril de aceite, y las ventas totales tuvieron un máximo histórico de 1 billón 647 mil millones de pesos.
Entonces, el verdadero fondo e interés por la reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales fueron esos enormes ingresos petroleros, aunque resultara contraria al espíritu del pueblo mexicano, que se volcó para cooperar para el pago de la nacionalización de la industria petrolera hecha por Lázaro Cárdenas en el año de 1938.
Sin embargo, en la retórica demagógica oficial moderna y ortodoxa, Enrique Peña Nieto dijo, entre otras cosas, que dicha reforma tuvo como propósito favorecer y alentar el bienestar de las familias mexicanas, mejorando el acceso, la calidad y los precios de los bienes y servicios públicos de energía; impulsar el crecimiento económico nacional al pretender justificar –sin lograrlo con esa clase de retórica–, el suministro suficiente con calidad y a menores precios de los energéticos e insumos producidos por las empresas públicas; de que los hidrocarburos seguirían siendo propiedad de la Nación; de que se transformaría a Petróleos Mexicanos en una empresa pública de carácter productivo; de que se multiplicaría la exploración y producción de hidrocarburos; de que se crearía un entorno de competencia en refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos. Sin embargo, luego vinieron los famosos ‘gasolinazos’ y el incremento del gas doméstico e industrial, y ya vieron cómo nos fue. A los mexicanos se nos ha mentido casi todo el tiempo. Por eso el daño a ese partido es irreversible. Y por eso también la mayoría de los mexicanos se cobrarán la afrenta hecha con la reforma energética el 2018.
