Dr. Saúl Lara Espinoza (1ra. de tres partes)
Coordinador de la Maestría en Juicios Orales del CEUS
(Columna Sustancia sin retórica, Periódico El Debate)
Es muy posible que para un puñado de los que hoy disfrutan circunstancialmente del poder público, e incluso el empresarial al amparo del PRI o del régimen gubernamental, así como para los aspirantes a él o a reelegirse, crean desde su burbuja que las cosas están bien, ya sea en el plano nacional o en los ámbitos estatales o municipales.
Sin embargo, si se realiza un balance mesurado, objetivo, realista y racional, sin los trastornos artificiales que genera el “opio” de ese poder o de su aspiración dentro de ese partido, o de los ortodoxos de pensamiento, las cosas se tornan muy distintas, ya que los daños y los agravios hechos a la mayoría del pueblo mexicano ya se realizaron y se tornan irreversibles, aún por más verborrea demagógica que pronuncien en sus discursos los interesados, o intensifiquen obras para ganarse a un puñado de adeptos, e incluso, inunden de propaganda subliminal para esos mismos propósitos.
Damos cuenta, aunque sea sucintamente, de algunos de esos agravios ocasionados por el actual régimen político a la inmensa mayoría del pueblo de México, y aún de nuestra historia patria. Empecemos por esta última por razones epistémicas o académicas.
Pues bien, si revisamos el ámbito histórico sólo en la dimensión constitucional, por ejemplo; observamos que este régimen pisoteo los ideales revolucionarios y la de los constituyentes que lucharon, anhelaron y ofrendaron con su sangre sus ideales por un México más justo para las futuras generaciones, como la nuestra y las que siguen.
De tal manera que las cosas se ven muy distintas a los ojos de las lentes académicas, con respecto de los conservadores, ortodoxos, convenencieros y demás fauna de acompañamiento anacrónica o retrógrada.
En efecto, en dicha dimensión y línea histórica, se observa a simple vista que el régimen actual pisoteó flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo sus dispositivos emblemáticos, a través de las llamadas reformas estructurales.
Así, vemos por ejemplo, sin pecar de jacobinos ni mucho menos de cómplices, la realizada en materia educativa, cuyo núcleo esencial, teóricamente, fue la calidad de la educación que, con una política pública bien diseñada y eficientemente instrumentada, esta no requería de una reforma constitucional, vista desde la óptica de la técnica legislativa, y a la luz del derecho constitucional, así como de la gestión de política pública, incluido también el derecho administrativo; disciplinas científicas respecto de las cuales este colaborador es experto en ellas, tanto en lo teórico como en lo práctico. Así que nada lo decimos al tanteo.
En el discurso político pronunciado por Enrique Peña Nieto el primero de diciembre del 2012, al rendir protesta de su cargo como presidente de la República, entre otras cosas, manifestó que la rectoría de la política educativa corresponde al Estado –cosa cierta-; pero ello lo hizo en realidad, porque la misma se hallaba en manos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que dirigía la profesora Elba Esther Gordillo Morales, pero esta se efectuó al estilo de una vendetta de índole política, no con el sano propósito de que los mexicanos contaran con una educación auténticamente de calidad.
Esto lo sabe perfectamente bien el magisterio nacional, al cual el régimen político de Enrique Peña Nieto lo trajo por la calle de la amargura, a través de los dos secretarios del ramo que hasta el momento ha tenido dicho régimen, apoyadas por las policías para reprimir cualquier movimiento contrario; cuyos agravios le serán cobrados a su partido durante el proceso electoral del 2018. Si no, al tiempo.